Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los errores de gasto en la Política Europea de Desarrollo Rural

Según los auditores de la UE, la complejidad de la política de desarrollo rural y la insuficiencia de los sistemas de control de los Estados Miembros son las principales causas del elevado porcentaje de error del gasto

El porcentaje medio de error en desarrollo rural en el periodo 2011-2013 fue del 8,2 %

Un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) considera que la mayoría de los errores en la política de desarrollo rural se deben a incumplimientos de las condiciones establecidas por los Estados miembros. Sus autoridades de control podrían y deberían haber detectado y corregido la mayoría de los errores que afectan a las medidas de inversión en el ámbito del desarrollo rural. Sus sistemas de control son deficientes porque las verificaciones no son exhaustivas y se basan en información insuficiente.
«Es importante comprender por qué el porcentaje de errores en la política de desarrollo rural es inaceptablemente elevado. La clave para reducirlo es encontrar el equilibrio adecuado entre el número y la complejidad de normas que regulan el gasto – que contribuyen a lograr objetivos de la política como la mejora de la competitividad agrícola ̶- y los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de dichas normas», comentó Rasa Budbergytė, Miembro del TCE responsable del informe.
Los auditores estimaron que el porcentaje medio de error en el gasto de desarrollo rural realizado en el período 2011-2013 fue del 8,2 %, más de cuatro veces el umbral de materialidad. Las medidas de inversión (principalmente subvenciones para la adquisición de maquinaria agrícola y de transformación de alimentos) representaron dos tercios de este porcentaje de error, y la «ayuda por superficie» (incluida la compensación de los costes adicionales por utilizar técnicas más respetuosas del medio ambiente) representaron un tercio.
Los auditores de la UE constataron que, en relación con las medidas de inversión, las autoridades de los Estados miembros disponían de la información exigida para detectar y corregir los errores, pero en muchos casos no la utilizaron o no la solicitaron. Asimismo observaron que solo el 1,6 % del porcentaje de error se debía al incumplimiento de disposiciones directas de los reglamentos de la UE, mientras que la mayor parte, el 8,4 %, se debía a incumplimientos de condiciones establecidas por los Estados miembros.
Con respecto a las medidas de inversión, la auditoría puso de manifiesto que los organismos públicos constituyen una fuente significativa de error por su incumplimiento de las normas de contratación pública. El Tribunal señaló dos razones principales de este hecho: en primer lugar, los proyectos de infraestructuras rurales suelen ser ejecutados por pequeños municipios que a menudo tienen poca experiencia en la organización de procedimientos de contratación pública y, en segundo lugar, algunos beneficiarios prefieren trabajar con determinados contratistas, que en su mayoría ya habían suministrado bienes o prestado servicios similares, por lo que adjudicaban los contratos directamente. Los organismos pagadores no se opusieron a ello en ninguna ocasión, pese a que no se habían observado los principios básicos de la contratación pública, esto es, transparencia, objetividad, no discriminación y publicidad adecuada.
Los auditores constataron que la medida de apoyo al tratamiento de productos agrícolas, donde la ayuda pública puede ascender a varios millones de euros por proyecto, fue la más proclive al error. Los incumplimientos no intencionados de los criterios de subvencionabilidad por parte de beneficiarios públicos y privados representaron una cuarta parte del porcentaje de error, mientras que los incumplimientos presuntamente intencionados por beneficiarios privados contribuyeron a una octava parte de este porcentaje.
En el caso de la ayuda por superficie, la principal causa de error fue el incumplimiento de los compromisos agrícolas, debido a los escasos incentivos para el cumplimiento de los agricultores, a un bajo porcentaje de controles de los compromisos y a un bajo porcentaje de sanciones por incumplimiento.
Los auditores consideran que los planes de acción iniciados por la Comisión constituyen un paso en la dirección correcta para dar respuesta a las causas de error. No obstante, el hecho de que los planes de acción aplicados por los Estados miembros tengan principalmente una función reactiva, y no aborden sistemáticamente los problemas que provocan los errores en todos los Estados miembros constituye una insuficiencia. Asimismo, faltan medidas preventivas contra las insuficiencias generalizadas a escala de la UE.
La revisión y aprobación por parte de la Comisión de los programas de desarrollo rural y la aplicación por parte de los Estados miembros de los marcos reglamentarios nacionales constituyen el principal potencial de reducción de errores en los gastos de desarrollo rural.

El rechazo al gasto de los PDR se basa en la falta de control y de verificación de las ayudas

Los auditores recomiendan que:
• la Comisión complete las medidas correctoras tomadas hasta la fecha centrándose como hasta ahora en las causas subyacentes a los errores en el gasto en desarrollo rural. En este sentido, los Estados miembros deberían, cuando proceda, adoptar medidas preventivas y correctoras en relación con la contratación pública, la elusión deliberada de las normas y los pagos agroambientales;
• la Comisión lleve a cabo un minucioso seguimiento de la ejecución de los planes de desarrollo rural y tenga en cuenta en sus auditorías de conformidad las normas vigentes, incluidas en su caso las adoptadas a nivel nacional, a fin de reducir el riesgo de repetir insuficiencias y errores.

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE.
Este Informe Especial (Nº 23/2014), titulado «Errores en el gasto en desarrollo rural: ¿cuáles son sus causas y cómo se están abordando?» se centra en la conformidad de la ejecución de la política de desarrollo rural con las normas y los reglamentos vigentes y describe las principales causas del elevado porcentaje de error en este ámbito. También evalúa si es probable que las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Comisión den una respuesta eficaz en el futuro a las causas identificadas. El informe contiene información facilitada a los auditores hasta finales de septiembre de 2014.
La Unión Europea y los Estados miembros asignaron más de 150 000 millones de euros a la política de desarrollo rural durante el periodo de programación 2007-2013. Ejecutado en régimen de gestión compartida, el presupuesto total se dividió casi equitativamente entre las medidas de inversión y las ayudas por superficie. Los Estados miembros deben ejecutar los programas de desarrollo rural en el nivel territorial adecuado, según sus propias disposiciones institucionales, mientras que la Comisión se encarga de supervisar a los Estados miembros para asegurarse de que estos cumplen su cometido.
El significativo nivel de incumplimiento de las normas aplicables, tal y como refleja el elevado porcentaje de error, significa que el dinero en cuestión no se gasta conforme a las normas. Esto podría afectar negativamente a la consecución de los objetivos de la política de desarrollo rural, como el aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, la mejora del medio ambiente y el entorno rural, la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y el fomento de la diversificación de la actividad económica.
Se considera que los errores son significativos si afectan a más del 2 % del gasto.

Errors in rural development spending: what are the causes, and h

Podéis descargar el documento en Inglés en la siguiente dirección:

SR14_23_EN(2)